IPES: Implicados hicieron descargos por escrito

Las autoridades del IPES Ushuaia imputadas por el ministro de Educación, Diego Romero, son: el rector Jorge Ariel Enciso, la vicerrectora Silvia Marcela Canales, la secretaria María Rosa Viera y las prosecretarias Alicia Cola, María Alejandra Sánchez Fernández y Alejandra Hoyos. Fue en la causa judicial donde se investigan presuntas irregularidades en el otorgamiento y utilización de las horas cátedra.

Funcionarios del Ministerio de Educación de la provincia aportaron pruebas, y los implicados presentaron descargos por escrito, en la causa judicial iniciada en marzo a raíz de una denuncia del Gobierno contra directivos del Instituto Provincial de Enseñanza Superior (IPES) Florentino Ameghino, donde se investigan presuntas irregularidades en el otorgamiento y utilización de las horas cátedra del establecimiento.Fuentes judiciales explicaron a este medio que el caso avanzó hasta el momento con la incorporación de reglamentaciones y de documentos sobre la adjudicación de horas que fueron aportados al expediente por integrantes de la Cartera educativa, a pedido del juez de instrucción Javier De Gamas Soler que interviene en la causa.

Según trascendió, esos aportes fueron realizados en “diferentes etapas” y a medida que los funcionarios fueron encontrando documentación que podía resultar de interés para la investigación.

A su vez, varios o la totalidad de los seis denunciados que posee el expediente presentaron escritos desincriminatorios, donde explicaron cómo son los procedimientos de otorgamiento de esas horas cátedra y cuál fue el rol de cada uno en los hechos que se investigan.

Las autoridades del IPES imputadas hasta el momento por el ministro de Educación, Diego Romero, son: el rector Jorge Ariel Enciso, la vicerrectora Silvia Marcela Canales, la secretaria María Rosa Viera y las prosecretarias Alicia Cola, María Alejandra Sánchez Fernández y Alejandra Hoyos.

Las mismas fuentes señalaron que para los investigadores, existe hasta ahora el convencimiento de “una serie de irregularidades administrativas” y de una “gran desprolijidad en el manejo de las horas”, aunque todavía “no hay certeza de la comisión de delitos”.

“Se nota un alto nivel de discreción en la forma de distribución de las horas cátedra, pero ello no implica necesariamente que exista delito. Estamos en una etapa preliminar y habrá que evaluarlo”, contó una de las fuentes consultadas.

Tras la denuncia del ministro Romero, la Fiscalía impulsó un requerimiento de instrucción en el que encuadró varias de las acciones que podrían constituir hechos ilícitos.

Allí se mencionó la “la continuidad de la designación y consecuente percepción de salarios por parte de los docentes asignados a espacios curriculares cuatrimestrales por el resto del año, sin la contraprestación correspondiente por dicho emolumento”, y la “asignación de “Horas Institucionales” en forma directa sin acto administrativo previo que las avale”.

Además, se describió el “otorgamiento de horas cátedras a docentes excedidos del tope previsto por la Ley Provincial Nº 761” y la “falta de presentación y/o actualización de las Declaraciones Juradas de Cargos y Actividades Docentes del personal del IPES”.

Asimismo, se pidió investigar la “reubicación por parte del rectorado de las 20 horas cátedra destinadas a la coordinación del “Profesorado de Educación Superior de la modalidad técnico profesional en concurrencia con título de base”, con un fin distinto para el que fueron otorgadas”, y la “existencia de docentes que perciben el salario correspondiente a una misma carga horaria y a un mismo espacio curricular -con excepción de la asignatura Talleres de Práctica Docente-“.

Según la evaluación preliminar de la Fiscalía, las conductas desplegadas por los responsables del IPES, constituirían “un fraude en perjuicio de la Administración Pública, dado que se habrían abonado salarios a docentes sin contraprestación alguna o por partida doble (se pagaban dos sueldos a dos agentes distintos cuando en realidad era un sólo docente el encargado de la asignatura), como así también, se habrían utilizado los fondos de 20 horas cátedra con un fin distinto por el que fueron otorgados por el Ministerio”.

Por otro lado, las demás conductas podrían constituir “el incumplimiento por parte de los imputados de la normativa provincial concerniente a las obligaciones, competencias y reglamentación de la actividad docente en Tierra del Fuego”.

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